El Centro de Estadísticas Inmobiliarias - CEI se incorpora con sus estadísticas e indicadores para potenciar el desarrollo de investigación, desde la perspectiva de hábitat y vivienda. El Colegio Profesional de Inmobiliarios se une al trabajo conjunto entre la Universidad Católica de Córdoba y CONICET para favorecer el intercambio de información entre los equipos de investigación y trabajo, con el fin de nutrir procesos de formación y producción de conocimiento, y así generar bienestar en los distintos sectores de la sociedad argentina.El CPI aporta, desde el Centro de Estadísticas Inmobiliarias, la posibilidad de acceder a las estadísticas y cifras mensuales del sector inmobiliario provincial e integrarse en los procesos de la Asociación de Vivienda Económica (AVE), que busca aportar al desarrollo de estrategias diversificadas y socio-espacialmente integradoras de acceso a un hábitat digno en la ciudad de Córdoba. Este trabajo se realiza a partir del estudio pormenorizado de estadísticas junto a la promoción de políticas locales de vivienda en alquiler.A partir de esta información, las entidades pueden realizar evaluaciones especializadas en temáticas relacionadas con el desarrollo local y el diseño e implementación de políticas habitacionales innovadoras. Participación conjunta La formalización del acuerdo contó con la participación de autoridades de la Universidad, del CPI y de la AVE, Unidad de Vinculación Tecnológica que junto con el CONICET regula el funcionamiento del Centro Experimental de la Vivienda Económica (CEVE). El CPI participó a través de su presidente Virginia Manzotti, y su vicepresidente, Alejandro Hadrowa; junto al rector de la UCC, P. Dr. Alfonso Gómez, estuvieron presentes José Ignacio Santillán, decano de la Facultad de Arquitectura, y María Cecilia Kesman, secretaria de Investigación, Vinculación Tecnológica y Posgrado de la misma unidad académica. Por su parte, AVE estuvo representado por su presidente, Lucio Scardino, y su secretaria, María Verónica Greppi.Participó también la investigadora del CEVE-CONICET-AVE y UCC, Daniela Gargantini, quien dirige un proyecto de investigación interinstitucional sobre conflictos urbano-habitacionales en relación al acceso a la vivienda de alquiler en la ciudad de Córdoba.“Nos comprometemos a llevar esta iniciativa a CoFeCI para que todos los Centros de Estadísticas de los Colegios Profesionales del País, puedan integrarse, potenciar y consensuar temáticas de estudio, análisis y evaluación que puedan ser pertinentes para el fortalecimiento de las políticas urbano-habitacionales de todo el País”, Virginia Manzotti, presidente del CPI y vicepresidente de CoFeCI Argentina.Más info: https://www.ave.org.ar/

En un fallo histórico, el Tribunal de Disciplina del Colegio Profesional de Corredores Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba -CPI-, mediante Resolución N° 240 de fecha 26 de agosto de 2021, dispuso aplicar sanciones por ejercicio irregular de la profesión de corredor público inmobiliario a través de la franquicia “REMAX”.En su Resolución, el Tribunal expresa que “... no debe perderse de vista que el corretaje es un oficio público que se ejerce bajo el control estatal y cuyas normas son de orden público. En ese marco, estimamos que la promoción de personas –agentes- para captar clientes u operaciones resulta una práctica que no se ajusta al marco ético de la competencia profesional, con una clara incidencia negativa respecto del propósito de especialización y profesionalización de la actividad fijado en la Provincia de Córdoba.”Asimismo, en base a los hechos demostrados en la causa, se consideró que la relación de franquicia “… ejerce para con la sociedad constituida por la CPI sumariada un claro control sobre la operatoria, con incidencia en la independencia de criterio profesional.”En definitiva, expresa la Resolución que “Se entremezcla así en el caso una cuestión comercial (franquicia) con una profesión indelegable (corretaje), imponiéndose, de esta manera, la sanción por la facilitación del ejercicio irregular y/o clandestino del corretaje inmobiliario.”Por último, los Tribunos citan jurisprudencia aplicable al caso, haciendo presente que recientemente  “… la Inspección General de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación dictó la Resolución Particular Nº 350/2020, mediante la cual se declara la actuación irregular en nuestro país de REMAX INTERNATIONAL INC. o RE/MAX INTERNATIONAL INC. por no encontrarse inscripta en el Registro de la IGJ (artículo 118 Ley 19.550), y la utilización de REMAX ARGENTINA SRL, como simple máscara para actuar en fraude a la ley, resolviendo en definitiva la inmediata promoción por parte de IGJ de la acción judicial de disolución y liquidación prevista en el artículo 19 de la Ley 19.550 en contra de la sociedad REMAX ARGENTINA SRL.” A partir de todo ello, se dispuso aplicar sanciones de multa por $100.000, y la Suspensión por seis (6) meses de la Matrícula Profesional del Profesional Inmobiliario que facilitó el ejercicio ilegal de la profesión; todo en el marco de lo prescripto por los artículos 16, 17 y 52 de la Ley Provincial N° 9445.  DESCARGAR RESOLUCIÓN

El involucrado demandó a dos particulares, pretendiendo cobrar comisión por intermediar en la compraventa de un Inmueble, pero el tribunal rechazó el planteo por no estar legalmente habilitado. Ante la probabilidad de que se haya cometido un ilícito, se enviaron los antecedentes al fuero criminal Al verificar que el accionante NO SE ENCUENTRA MATRICULADO en el Colegio Profesional de Corredores Profesional de Inmobiliarios (CPI Ley 9445) el Juzgado de Primera instancia en lo Civil, Comercial y Familia de la Ciudad de Arroyito rechazó su demanda, que se fundaba en el hecho de estar inscripto en el Colegio Profesionales de Martillero y Corredores Públicos de la Provincia (CPMC. Ley 7191), por la que pretendía cobrar comisión a los compradores por su intervención en la venta de una propiedad.Paralelamente, al observar que el demandante realizó una actividad que requiere una matriculación que no tenía, el tribunal ordenó que se remitieran los antecedentes a la Justicia penal por la posible comisión del delito.Roberto Marín Fonti Hubaide, en su calidad de propietario de la firma “Fonti Servicios Inmobiliarios" entabló demanda en contra de Catriel Orlandini Muller y Anule Evelyn Manassero, persiguiendo el cobro de $ 124.872.El demandante manifestó que, en ejercicio de la actividad de corretaje, su empresa tomó activa participación en la compraventa de un inmueble, reconociendo a los demandados como compradores y que, pesen distintos reclamos. aún le adeudaban el pago de la comisión correspondiente al ejercicio de la actividad descripta, por así estar regulado en la ley 7191.Los demandados negaron adeudar suma alguna, por entender que no corresponde pago de la comisión en atención a que el actor carece de matrícula profesional habilitante para ejercer la función de corretaje inmobiliario (Ley 9445).El Juez Gonzalo Martina Demo indicó que correspondía determinar si Fonti Hubaide martillero y corredor público tenía derecho a cobrar la comisión que reclamaba.El magistrado indicó que la mencionada Ley 9445, que crea el CPI de la Provincia de Córdoba, constituye el medio idóneo para delegar en un ente especialmente conformado a tal fin, el gobierno y control de la matrícula de la actividad de corretaje inmobiliario; que quienes ejercen esa actividad deben estar debidamente colegiados, y precisamente a la falta de matriculación en quien desarrolla tales oficios, lo hace incurrir en un ejercicio ilegal de la profesión.El fallo apuntó que siendo ello así, mal podría pretender (el demandante) o exigir el cobro de honorarios, que SOLAMENTE PUEDEN RECLAMAR quienes ajusten su actividad a las previsiones de la Ley 9445, lo que pone de manifiesto la improcedencia del reclamo.El juez sostuvo que el Colegio creado por la Ley 7191 mantiene su potestad y ejercicio del poder de policía sobre la profesión de corredor público (excluida la intermediación inmobiliaria), mientras que el CPI la ejerce sobre los corredores públicos que practican específicamente la intermediación inmobiliaria, razón por la cual los corredores públicos matriculados en los términos de la Ley 7191 no están autorizados a intermediar en operaciones que Involucren inmuebles.Con base en lo apuntado, y surgiendo de la prueba informativa remitida por el CPMC que Fonti Hubaide carece de matrícula habilitante como corredor público inmobiliario -según informativa remitida por el CPI- en el fallo se resolvió que corresponde rechazar su pretensión.El magistrado subrayó que al no encontrarse habilitado, Fonti Hubaide lisa y llanamente no debió intervenir en el negocio de compraventa del inmueble en cuestión y aun habiendo intervenido, "carece de legitimación para reclamar el pago de la comisión de tal labor de intermediación”.La decisión resaltó que si el actor pretendía ejercer esa actividad, debió haberse inscripto en el CPI, lo cual no hizo y, en esa dirección, el juez advirtió que no puede pasarse por alto la conducta en la que habría incurrido el actor, en tanto "toda persona no matriculada con arreglo a la presente Ley (9445), que ejerza funciones o desarrolle actividades propias de los Corredores Públicos Inmobiliarios, incurre en el ejercicio Ilegal de la Profesión".En consecuencia, al no encontrarse el actor matriculado para el ejercido de las actividades de Corretaje Inmobiliario que reconoce haber realizado, el magistrado entendió que debían girarse los antecedentes al Ministerio Público Fiscal, a fin de que investigue si la conducta que llevó a cabo el actor, califica en algún delito penal.DESCARGAR FALLO COMPLETOOtros Antecedentes similares